Con el paso de los años la ciudad de Nueva York se ha convertido en faro de luz para el asentamiento de la comunidad dominicana, al desarrollarse allí una pujante diáspora dominicana que llegó a transformarse en el eslabón principal del soporte económico para la República Dominicana.
Según el Instituto de Inmigración en la isla caribeña––el INMRD– la población dominicana en los Estados Unidos se situaba para 1960 entre 11,883 y 12,000 personas, creció progresivamente hasta alcanzar 350, 000 en el 1990, luego llegó a la cantidad de 879,000 en el 2010 y actualmente se calcula en 1millón y medio.
En la medida en que este flujo migratorio se intensificaba hacia los Estados Unidos, no sólo desde la República Dominicana sino que fluían también desde otros países latinoamericanos con problemas similares, fue creciendo un endurecimiento de las leyes migratorias norteamericanas para los que intentaban viajar hacia Estados Unidos.
Ese endurecimiento fue avanzando a través de cambios legislativos hasta culminar en 1996 en un marco jurídico que culminó con la deportación masiva de la población inmigrante. Y a ese proceso se le sumó una cantidad mayor de delitos que fueron utilizados para justificar las deportaciones.
Los cambios legales han tenido lugar en los últimos 20 años y han consistido en reformas administrativas dentro del sistema de control migratorio norteamericano, por ejemplo la autorización al Departamento de Seguridad Nacional de establecer nuevas categorías de inmigrantes: unos llamados los “no autorizados”, otros “potencialmente removibles“ e incluso a un último grupo se les designó como “ prioritario a ser deportado “.
Estas clasificaciones para los inmigrantes se mantienen al día de hoy por normas que establecen prioridad al momento de detener y remover individuos en los casos que hayan cometido ofensas criminales, mientras relegan a una segunda prioridad la remoción de inmigrantes indocumentados.
Al implantarse en Estados Unidos una más estricta política de deportación se ha dado el caso que la comunidad dominicana ha sufrido en carne propia dichos cambios, pues se ha generado un aumento progresivo y preocupante en deportaciones de dominicanos. De acuerdo al servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos las deportaciones por casos criminales pasaron de un 61.1% en el 2009 a un 81.1% en el 2015, lo que representa un aumento de 19.5 % en los últimos 5 años. En cambio las deportaciones no criminales tan sólo aumentaron un 4 % en el 2016 respecto al 2015.
En general, la cantidad de dominicanos retornados de Estados Unidos desde 1993 al 2016 se estima ronda por las 66,669 personas y actualmente podría llegar a los 90,000.
El año 2019 no fue la excepción en vista de que fueron deportados 2,485 nacionales luego de cumplir condenas en recintos carcelarios de la unión americana.
De acuerdo a estadísticas ofrecidas, durante el año 2020 las autoridades de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos deportaron a 2,121 nacionales.
Veamos el presente. Al menos 400 dominicanos ya han sido deportados desde Estados Unidos en el presente año luego de haber cumplido condenas por la comisión de diferentes tipos de delitos–180 de ellos por tráfico de drogas. Estas repatriaciones se iniciaron desde el nueve de enero hasta el 15 de marzo. A su llegada al aeropuerto dominicano las autoridades de inmigración y salud pública procedieron a examinar cuidadosamente uno por uno a los ex presidiarios antes de subirlos a los autobuses que los llevarían a la sede central de la dirección general de migración.
Se estima que todavía sobrepasan 7,200 los nacionales cumpliendo condenas en diversas cárceles de Estados Unidos después de ser acusados de violar leyes de esa nación.
Además, cada quince días las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportan al país un determinado grupo de nacionales luego de haber purgado tiempo de prisión.
Es por eso que debemos plantearnos varias interrogantes referentes a las deportaciones hacia la República Dominicana, como son:
¿Qué ha pasado con estas personas luego de su retorno?
¿Cómo ha sido el proceso de reintegración en la sociedad dominicana?
¿Cuáles barreras y oportunidades encaran?
¿Qué puede hacer el Estado dominicano para atenuar los factores de vulnerabilidad y garantizar la inclusión social de esta población que retorna?
Al regresar al país las personas retornadas se topan con barreras que los colocan en una situación especial de vulnerabilidad y marginación. Esas barreras consisten en discriminación que proviene de estigmas sociales creados por la vinculación de esas personas a actividades reñidas con la ley. Eso nos lleva a plantearnos algunas interrogantes.
Nos preguntamos: ¿no resultaría urgente estudiar el proceso de deportación de dominicanos desde Estados Unidos y otros países para de esa manera identificar estrategias efectivas con miras a su re-integración en la sociedad?
Hemos considerado cuatro objetivos específicos que deben ser tomados en cuenta, y son:
Analizar el marco jurídico internacional contentivo de los mecanismos institucionales de control estadounidense que son aplicados a los dominicanos vinculados al proceso de deportación.
Caracterizar la población Dominicana deportada a partir de sus condiciones socio-económicas y demográficas teniendo en cuenta los motivos de su deportación.
Describir la situación de los derechos humanos de la población retornada a fin de determinar los principales desafíos a vencer en pro de una feliz reinserción en la sociedad.
Realizar estudios que permitan crear programas de reintegración, apoyándonos en la experiencia de otros países y en la base legal dominicana.
Ciertamente, las deportaciones aplicadas a muchos ciudadanos en su condición de retornados forzosos desde Estados Unidos hacia sus países de origen plantean una diversidad de retos para esos seres humanos expulsados, especialmente en el aspecto socio-económico.
La República Dominicana no escapa a esa realidad. La población dominicana residente en Estados Unidos conforma uno de los diez grupos inmigrantes más grandes en territorio estadounidense. En vista de eso es importante entender las implicaciones que tiene la migración de retorno para la sociedad receptora, especialmente aquellas deportaciones forzosas, si consideramos su impacto sobre distintas esferas sociales. Si asimilamos las circunstancias de este proceso podremos ofrecer una repuesta efectiva a las demandas y necesidades de la población que regresa.
¿Cuál es el trasfondo de este problema? la realidad es que cuando los dominicanos arriban a Estados Unidos lo hacen en su mayoría para dedicarse a trabajar en diferentes renglones de la economía de Norteamérica, a la vez que forman familias que con el paso del tiempo van adaptándose a la cultura estadounidense. El grueso de esa emigración aprovecha las libertades económicas, sociales, culturales y políticas que ofrece el nuevo país.
No obstante, a medida que la diáspora dominicana avanza y crece en bienestar económico, social y político, no todos sus miembros se ciñen a las normas y leyes norteamericanas. En algunos casos algunos se lanzan a cometer pequeñas ofensas y en otros han caído en delitos crimínales, razón por la cual a partir del 1996 algunos emigrantes han sido convertidos en presa fácil para la deportación. Esa situación termina provocando angustia, desasosiego y el rompimiento del núcleo familiar en Estados Unidos y en otros países, incluyendo en la propia República Dominicana.
Al ser apresados y cumplir años de condena en cárceles extranjeras, los dominicanos enviados de regreso al país arriban en condiciones de vulnerabilidad y de estigma como si fueran temibles criminales.
En este sentido, proponemos políticas encaminadas que sirvan de base para la reinserción de la población retornada tanto voluntaria como forzada, a saber:
1 ) para prevenir acciones de riesgo que pudieran acontecer con esta población retornante es imprescindible garantizar sus derechos humanos a través de un cumplimiento más efectivo de la función esencial del Estado. Esto significa proporcionar a todas las personas retornadas la oportunidad de perfeccionarse en forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social.
2 ) la existencia de políticas que aborden dicha problemática público-social con un enfoque diferenciado, destinado a atender la población que es obligada a un retorno forzoso. Esto significa que el enfoque de dichas políticas debe partir desde las causas de la emigración y de los factores que dieron lugar a la condena hasta la razón del rechazo en la sociedad dominicana.
En conclusión podríamos decir que la población de dominicanos retornados al llegar al país debe ser orientada con miras a que logre conducirse en convivencia y fraternidad con la sociedad de la cual ellos tuvieron que abandonar y en la que deben ser reinsertados tanto a su seno familiar como a un lugar de trabajo.
El objetivo es que los que regresan sean aceptados como dominicanos que un día salieron a buscar una vida mejor, pero que ahora vuelven con una perspectiva incierta. Debemos entender que ellos y ellas son seres humanos que por muchos años dejaron atrás familiares y amigos y que debido a sus travesías generaron tristeza y soledad en sus seres queridos.
A los retornados debemos ayudarlos en su reintegro social con programas que incluyan talleres de emprendimiento junto a charlas médicas, psicológicas y económicas. Así evitaríamos que ocasionen situaciones que dañen la convivencia de la sociedad.
A ellos debemos ofrecerles la oportunidad de reinsertarse con el resto de la población y el Estado puede lograrlo haciendo uso de recursos como programas de radio y televisión a través de los cuales se rechace que a los dominicanos retornados se les estigmatice como delincuentes ó narcotraficantes.
En general, una política positiva y educativa serviría a su vez para obtener una reducción significativa de delitos cometidos por los recién llegados y conducirlos a reintegrarse a una mejor vida, hermanados con los que estamos aquí. Si les ofrecemos una segunda oportunidad, sin prejuicios, con sinceridad, crearemos las bases políticas para convivir juntos y construir un mejor país, sin importar de dónde vengan o su origen social.
Santos Acevedo Presidente de FUNDOREX
